El derecho a migrar a la ciudadanía universal: Límites a la soberanía del Estado

La Constitución de 2008 reconoció el derecho a migrar e introdujo el principio de la ciudadanía universal como parte de su contenido, respondiendo al contexto de intensa movilidad humana que vive Ecuador como país emisor-receptor de tránsito y retorno de flujos migratorios. Esta investigación tiene por objetivo identificar si los parámetros constitucionales que garantizan los derechos de las personas en movilidad limitan la soberanía estatal. Concluye que estos principios imponen obligaciones al Estado y cuestionan la manera tradicional en que han sido conceptualizados.

Javier Arcentales Illescas (Quito, 1982) es licenciado en Ciencias Jurídicas (2008) y abogado (2009) por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; diplomado en Migración y Desarrollo (2009) por FLACSO Ecuador; especialista en Derechos Humanos (2013) y magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional (2021) por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Investigador, consultor y docente de las cátedras Derechos Humanos, Movilidad Humana y Sistemas de Protección de Derechos.